Un asesor personal, que será el responsable de su contabilidad, fiscalidad, y cualquier obligación jurídica o administrativa que tenga la comunidad, y que será siempre un administrador de fincas colegiado.
Además, este profesional estará especializado en la gestión de Comunidades de Propietarios para tramitar todos los avisos o siniestros relacionados con la finca, parte al seguro comunitario, y cualquier incidencia, que la resolverá con la máxima diligencia.

Por supuesto. Todas las personas que les van a atender de nuestro equipo son profesionales licenciados en derecho, económicas, empresariales.. certificados por el correspondiente Colegio oficial.:

Cambiar de Administrador de Fincas no le supone a la Comunidad de Propietarios ninguna complicación, ya que nuestros asesores se ocuparan, con vuestra autorización, de solicitar toda la documentación al anterior administrador, para que no tengan que preocuparse por nada, y ante cualquier duda o consulta, nuestros profesionales os guiaran en todo momento.

Sí, las Actas deben remitirse a todos los propietarios según el art. 19.3 LPH en su párrafo segundo.

No. El obligado con la Comunidad de Propietarios es siempre el propietario del piso o local. Cosa distinta es que en el contrato de arrendamiento se disponga que el inquilino correrá con los gastos de comunidad, de manera que el inquilino responde frente al propietario, pero frente a la comunidad, del pago de las cuotas de un piso o local responde el propietario.

Sí. Establece el art. 9 h) LPH que cada propietario deberá “comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad”.

Sí. El primer año de funcionamiento de la comunidad el fondo de reserva estará dotado con una cantidad no inferior al 2,5 por 100 del presupuesto ordinario de la comunidad, no pudiendo ser inferior al 5% los años siguientes.